Entre los días 19 y 27 de junio de 2018, un equipo de inspectores de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión (FVO en siglas inglesas) realizó una auditoría en España, como parte del programa de auditorías de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, de conformidad con las disposiciones generales de la legislación de la Unión Europea (UE) y, en particular, con el artículo 45 del Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo. Andalucía Y Aragón fueron las Comunidades autónomas elegidas para la realización de esta auditoría.

 

El objetivo de la auditoría era evaluar el sistema de controles oficiales de los alimentos, piensos y semillas consistentes en organismos modificados genéticamente (OMG), que los contengan o que se hayan producido a partir de los mismos, incluida su liberación intencional en el medio ambiente y su cultivo.

 

El informe concluye que:

 

  • España cuenta con un sistema de control oficial de los OMG bien organizado. Se destinan recursos a la aplicación de controles sobre los OMG en todos los ámbitos necesarios, incluidos los de la liberación intencional y el cultivo. Con el fin de reforzar estos controles, hay previsto un nuevo plan nacional de control armonizado de la liberación intencional. La priorización de los controles es adecuada y está basada en el riesgo, teniendo en cuenta los controles propios de los explotadores. Sin embargo, se produjo una falta de muestreo de alimentos en una de las Comunidades Autónomas visitadas.

 

  • El limitado alcance analítico de algunos laboratorios regionales oficiales, en ausencia de acuerdos con otros laboratorios con el fin de garantizar que se cubran todos los eventos, no está en consonancia con los requisitos de la UE. Esto plantea el riesgo de que no se detecte en los controles oficiales una presencia no conforme de determinados eventos de organismos modificados genéticamente en alimentos y piensos comercializados. Asimismo, se aplica un umbral para la presencia de OMG en semillas convencionales que no está en consonancia con las normas de la UE.

 

Asimismo, el informe recoge recomendaciones para que España subsane las deficiencias detectadas